El Presidente electo de la República, Danilo Medina Sánchez, junto a su equipo, presentó al electorado un programa de gobierno que le valió la atención y el respaldo de una significativa franja de dominicanos. Se podría decir que ha generado importantes expectativas, especialmente en lo educativo y en lo social. No obstante, el gran desafío inicia una vez esté en el campo de la ejecución, que es lo que corresponde a partir del 16 de agosto próximo; mucho ha ocurrido que buenos programas de gobierno no alcanzan la materialización en el terreno de los hechos.

Es que, precisamente, se incurre en el grave error de soslayar cuestiones que son vitales para construir el escenario en el marco del cual debe presentarse la actuación gubernamental, y que es la única garantía de que ésta sea efectiva, produciendo en los ciudadanos la certeza de que el Estado y la Administración Pública operan inspirados en los cánones de su bienestar, razón única de existencia de dichas estructuras, que por demás resultan de un costo considerable para cada dominicano.

Es necesario que el Presidente electo y su equipo, una vez asuman el gobierno, desde el primer día, centren su atención en los aspectos institucional y de gestión, para poner en marcha políticas públicas certeras; estamos convencidos de que lo que hace la diferencia entre buenos y malos gobiernos es el entendimiento y la firmeza para fortalecer las instituciones públicas y la adopción de modelos de gestión que permitan elevar la eficacia y eficiencia del Estado; para ello se tiene el respaldo de la ciencia de la administración y cantidades de prácticas exitosas a lo largo de la región iberoamericana, y en nuestro propio país.

Se trata fundamentalmente de definir y poner en práctica estructuras organizativas institucionales basadas en los principios de legalidad, racionalidad, eficacia, participación y transparencia, servidas por empleados cuya escogencia, permanencia y desarrollo en los cargos se ciñan a los principios de mérito, evaluación y estabilidad, con sentido de profesionalización y carrera administrativa, y con un claro enfoque en los ciudadanos. Se trata, además, de desarrollar un modelo de gestión de calidad que obligue y permita alinear adecuadamente las estructuras, las acciones, los recursos, los objetivos y las metas con las estrategias del gobierno.

En este orden, resulta básico que las nuevas autoridades den continuidad al trabajo desplegado, durante varios años, por el Ministerio de Administración Pública (MAP), en la línea de elevar la capacidad básica de las instituciones estatales para hacer frente a los desafíos de hoy, prevenir para el futuro, y responder a la necesidad de legitimar la actuación de las dependencias estatales frente a los ciudadanos, como mecanismo eficaz para la satisfacción de las demandas ciudadanas y la gobernabilidad democrática en el país.

El éxito de todo programa de gobierno depende necesariamente de que se cuente con las estructuras institucionales adecuadas, el personal público con la calidad necesaria (capacidad y honestidad), y un modelo de gestión que permita direccionar y orientar la actuación gubernamental, a partir de metas e indicadores bien definidos. Así no hay espacio para el fracaso.

Incluso, sin necesariamente proponérselo, estos son no solo instrumentos para la institucionalidad, la eficiencia y la gestión efectiva, sino que se constituyen también en mecanismos eficaces de lucha contra la corrupción administrativa. Existen ejemplos en la región: Brasil, Chile, Costa Rica, México, Uruguay, por solo mencionar algunos.

Sería importante que el Presidente electo y el equipo que le acompañará en su gobierno pudieran entender (y actuaran en consecuencia), que en momentos de grandes desafíos y serias demandas de eficiencia estatal como los que vivimos, la respuesta para un buen gobierno la dan la institucionalidad y un modelo de gestión.


D.LIBRE
gregoriomontero@gmail.com

Por Domingo.com/la Revista

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