César Medina
lobarnechea1@hotmail.com
La Policía tiene más de 33 mil miembros, pero menos de 14 mil prestan servicios. Los restantes 19 mil tienen licencias permanentes, están asignados a instituciones o a particulares o simplemente “quedaron fuera del radar” desde hace mucho tiempo y se ignora su paradero.
Muchos de ellos, incluso, viven desde hace años en los Estados Unidos, en España y en otros países de Europa, donde hasta han llegado a formar familias, pero siguen cobrando como miembros activos de la Policía.
Peor aún, se conocen casos de algunos de esos “agentes” que han sido hasta ascendidos de rango en más de una ocasión, ya sea porque lo han cabildeado desde el exterior o porque les ha tocado vegetativamente por “antigüedad en el rango” cuando se aplica el escalafón.
Se comenta que hay mafias que operan a lo interno de la Policía con estos casos, suplantaciones de nombres, alteraciones de licencias médicas, incapacidades físicas fingidas… De todo hay en una institución llena de carencias, pero donde sobran intenciones para burlar sus propios reglamentos internos.
En mi experiencia personal conozco varios casos de agentes policiales que están radicados en España desde hace años, con documentos de residencias o DNI ñfalsos y auténticosñ y que siguen en la nómina de la Policía. La Embajada dominicana ha actuado en consecuencia, pero no se conocen resultados todavía.
En Nueva York también se han reportado casos de agentes policiales activos que llevan años residiendo en esa ciudad. Algunos incluso han delinquido y llevados a la justicia. Se conocen casos de agentes policiales que han sido deportados de Europa y los Estados Unidos después de cometer delitos graves.
Y el colmo es que aún en esa situación algunos han seguido como miembros de la Policía, o por lo menos cobrando en esa institución, sin ser amonestados siquiera. Esos son los casos que se conocen como “fuera del radar”.
Son desertores
Los agentes policiales que se marchan del país sin pedir sus bajas y conservando tal condición, deben ser considerados desertores y castigados ejemplarmente, como dispone la ley orgánica de la institución del orden.

Sin embargo, cientos se las ingenian para seguir cobrando sus sueldos mediante el artilugio de las licencias médicas o las asignaciones a servicios personales o institucionales que jamás han prestado.
Otros aparecen asignados a oficiales superiores que jamás les han visto el rostro, y la mayoría figuran en las listas de instituciones públicas a las que nunca han acudido ni siquiera a registrarse.
Como en todos los ministerios y direcciones generales existen las llamadas “comisiones militares” que se ocupan de la seguridad de sus instalaciones, en las nóminas de esas “comisiones” aparecen agentes policiales que desde hace años residen en el exterior y alguien cobra por ellos. Se supone que familiares, amigos o compañeros que, en el mejor de los casos, deben pagar peajes al recibir esos emolumentos.
El actual jefe de la Policía, mayor general Polanco Gómez, ha tratado de corregir estas irregularidades. Y en los casos detectados se ha aplicado inmediatamente la baja. Pero es un mal que viene de viejo y amerita solución de fondo.
Franklin Almeyda
El doctor Franklin Almeyda tiene el caso bastante bien estudiado, desde que llegó al ministerio de Interior y Policía, hace ocho años.

Considera que en la Policía hay que meter el bisturí hasta lo más profundo para llegar al tumor maligno. Y eso sólo se logra con una transformación total, virándola como una media…
De entrada sugiere que sea dividida en dos instituciones: Una Policía de Investigación y otra Policía Preventiva… Una vestida de civil, otra uniformada. Y pone el caso de Chile como ejemplo.
En Chile funcionan los carabineros, la Policía uniformada que, en el caso de su capital, Santiago, opera en cuadrantes con vigilancia permanente y responsabilidades específicas por unidades patrulleras.
Y la Policía de Investigación no tiene nada que ver con la prevención. Como tampoco tiene nada que ver la prevención con la investigación. Son dos instituciones distintas, con dos jefes igualmente distintos, uno civil, y el otro militar. Porque los carabineros chilenos tienen categoría militar.
Aquí se intentó algo parecido con la ley de reforma policial. Pero, como todas las cosas que llegan bien al Congreso, el proyecto salió convertido en ley, pero distorsionado en forma y fondo.
Y entonces el Ejecutivo lo observó. Y jamás se ha vuelto a hablar de eso. Ojalá Danilo se anime…

Por Domingo.com/la Revista

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