César Medina 

Ojalá que quien tenga la razón sea él, Marino Vinicio Castillo, el Quijote a quien todos llamamos Vincho.

Uno espera que todos estemos equivocados y no él… Que los días, las semanas, los meses, los años no lo lleven al desengaño de una realidad que lo estremezca.

No que lo frustre, algo que ya no le pasará a sus 81 años tan bien vividos. Pero sí que lo pueda llevar al desengaño y a cejar en su cruzada contra la delincuencia y el narcotráfico y en su lucha por una sociedad decente, sin vicios, sin corrupción.

Vincho Castillo anda entusiasmado con la responsabilidad que le acaba de asignar el presidente Danilo Medina. Él no lo dice –y hasta lo niega–, pero su responsabilidad no es otra que una especie de fiscal nacional contra la corrupción, el encargado de velar no sólo de que no haya corrupción administrativa, sino también por la decencia de la función pública.

No basta, a su juicio, que los funcionarios no se cojan lo ajeno. Es imprescindible también guardar las formas, cuidar la imagen del Presidente, actuar con comedimiento, evitar los decires maliciosos y los comentarios que generan una conducta disoluta y díscola, rumbera y de bebentinas, para asumir un comportamiento cónsono con los enunciados de austeridad del nuevo gobierno.

Y de eso se ocupará el doctor Castillo al frente de una estructura profesional que ya ha comenzado a crear con profesionales jóvenes y comprometidos con la decencia nacional a través de un departamento creado por decreto del presidente Medina con facultad no sólo para investigar las denuncias de corrupción sino también con potestad para hacerse asistir del ministerio público y poner en marcha la acción judicial en todos los casos que estime pertinente.

La preocupación de los simpatizantes, familiares, amigos y allegados del doctor Castillo se origina en las limitaciones que pueda hallar en su ingente tarea cuando se trata del poder público con una raigambre tan poderosa en la instancia político-partidaria.

Vincho dice que bajo ninguna circunstancia esos poderes detendrán la marcha del necesario adecentamiento de la administración oficial.

“La mujer del César…”
El viejo dicho romano de que “la mujer del César no sólo tiene que ser honesta, sino también aparentarlo”, es otra tarea en el camino de Vincho que será muy difícil de cumplir.

Se trata de contravenir la rumorología nacional que pone de boca en boca al funcionario que se hace habitué de bares y restaurantes.

No importa, explica Vincho Castillo, que pague las cuentas con su tarjeta personal o con dinero efectivo de su propio peculio. El asunto es que el funcionario público no podrá andar pavoneando su poder y provocando escándalos en lugares públicos con bebentinas y comilonas.

Ayer en televisión le hacía saber a Vincho que hay niveles en la vida privada de un ciudadano que no pueden ser alcanzados por la fiscalización oficial ni por nadie en particular, y que consecuentemente un servidor público no está en la obligación de rendir cuentas de su quehacer cotidiano ni explicarle a nadie en qué gasta su dinero, que eso es potestativo de la conducta de cada quien.

Y le ponía un sólo ejemplo: Euclides Gutiérrez Félix, un legendario dirigente y fundador del PLD, dice que él tiene 60 años bebiendo whisky y comiendo en los restaurantes más renombrados, desde que era un muchacho y llegaba a la universidad manejando su propio carro. ¿Qué hacer en casos así…? Nada… Euclides seguirá bebiendo whisky y comiendo fino mientras la salud y el bolsillo se lo permitan, y nadie puede meterse en eso.

Excepto un decreto del Poder Ejecutivo que lo aparte de la función pública. Pero no por ello Euclides dejará de beber whisky y comer a la carta.

Se corren riegos
La existencia de una observación nacional del desempeño público –para llamarle de alguna forma– es tarea odiosa y muy delicada.

Ayer Vincho explicaba que esa estructura funcionará administrativamente con unos 36 profesionales o investigadores que podrán visitar las dependencias oficiales con facultad para actuar de oficio frente a cualquier asomo de corrupción administrativa que se denuncie formalmente o del que se haga eco el rumor público.

Incluye no sólo a los altos cargos, sino también a los funcionarios de elección popular, como síndicos o alcaldes y legisladores.

Los alcances del decreto presidencial que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental establece sólo los límites que imponen la Constitución y las leyes. Y nada más. O sea, que el doctor Castillo podrá incluso fiscalizar a los alcaldes y legisladores para garantizar que sus funciones se desempeñan con el debido rigor ético.

El riesgo que se corre es que se destape una caja de pandora que lance al aire la más burda chismografía de barrio bajo el predicamento de que existe una instancia para acoger cualquier denuncia de la vecindad ociosa.

O que la canalla mediática pretenda constituir desde esa instancia un patíbulo moral para fusilar la reputación de líderes y personalidades que no son de su agrado, empezando por el expresidente Leonel Fernández.

Con lo cual todo eso dejaría de tener sentido. Y la frustración sería colectiva.

Por Domingo.com/la Revista

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