La Cámara de Diputados atendió el clamor de la sociedad cuando modificó el Código del Menor endureciendo las penas a los infractores de las leyes que aún no cumplen los 18 años de edad. Y como era previsible, la comparsa de la sociedad civil y su canalla mediática iniciaron de inmediato una embestida en contra del proyecto de ley llevando su ira y su veneno colérico hasta la descalificación personal a todo el que apoyó esa iniciativa, incluyendo a los propios diputados.
Y hay que comprenderlos, porque…
¿quiénes, si no son los organismos multilaterales, las agencias internacionales de cooperación y las ONGs, pueden financiar el ocio de tantos sociólogos, antropólogos, politólogos y cienciólogos que abundan en esa “sociedad civil”? Los que no pueden jamás dejarse chantajear son los senadores de la República, a quienes corresponde ahora conocer esta reforma y que– al parecer, si partimos de algunas declaraciones de prensa– se están dejando influenciar por esas agencias internacionales y grupos que trabajan con la niñez.
Los senadores tienen que tener cuidado…
es necesario escuchar todas las voces y abrir los espacios para que todos puedan opinar y participar en el debate, de la misma forma en que el pasado viernes lo hacía el cardenal López Rodríguez al considerar que el crimen no tiene edad y reiterar su posición a favor de la modificación de la ley.
Pero la responsabilidad de los congresistas es legislar con el oído puesto en los sentimientos y las necesidades de la mayoría de la población indefensa y crispada por una delincuencia cada día más audaz, desafiante y rapaz. Y mientras más jóvenes, mayor crueldad exhiben.
La crispación es aún mayor por la indefensión ciudadana frente a la venalidad de la ley con los menores, que delinquen una y otra vez gracias a la puerta giratoria en que devino ante la Justicia el llamado “código garantista”, que lo único que garantiza es la impunidad del crimen. Es, además, un código que en nada protege a los menores, y por el contrario los hace mucho más proclives a ser reclutados por bandas que los seducen para la delincuencia, conscientes de la permisividad y tolerancia de la ley por ser precisamente menores de edad. Por eso los utilizan y enrolan en las bandas criminales desde muy jovencitos.
Hay que admitir que la reforma aprobada por los diputados no es perfecta y dista mucho de lo ideal. Los países judicialmente más desarrollados hace mucho que establecieron jurisprudencias para definir jurisdicciones en la medida en que se determina el discernimiento en aquellos crímenes imputados a menores de edad.
Eso es, precisamente, lo que debería establecerse en nuestro país: Primero decidir mediante una experticia médico- forense y luego sico-criminológica, la capacidad del menor para discernir sobre el bien y el mal y de esa forma determinar si al momento de la comisión del crimen tenía conciencia de que estaba violando la ley.
Pero siempre se ha dicho que lo perfecto es enemigo de lo posible. Y ante un Código que lleva ya diez largos años actuando en contra del combate contra el crimen, la iniciativa de los diputados por lo menos busca dar respuesta a un reclamo social, y evitar que en el futuro la ciudadanía tenga que contemplar indefensa cómo un menor que secuestra, mata alevosamente y tortura a una persona, sale en libertad graciosamente tras pasar apenas unos cuantos meses en un centro correccional…
para volver a la calle a delinquir otra vez.
Quienes adversan la modificación del Código argumentan que la nueva legislación contraviene acuerdos internacionales.
Y esa es una mentira más grande que la catedral de San Pablo. Pero si el argumento fuera cierto, sólo tendríamos que acogernos a los mismos procedimientos que utilizan en los juicios a menores que incurren en crímenes en países tan avanzados como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España.
También alegan que la reforma no resuelve el problema de la delincuencia.
Y en eso tienen razón, pero poca.
Lo que sucede es que con la adecuación de los Códigos nadie está buscando resolver el problema de la delincuencia, sino tratar de adecuar esa legislación a la realidad nacional estableciendo mecanismos que castiguen de forma más drásticas a los “adolescentes en conflicto con la ley”.
Y como argumento final señalan que “la fiebre no está en la sábana”, perdiendo de vista que las altas temperaturas corporales suelen causar graves daños cerebrales, y que por eso se recomienda una friega paliativa de agua fría que evite la convulsión mientras se aplica un tratamiento definitivo al paciente enfermo.
La modificación del Código del Menor no cura la enfermedad, y menos resuelve un problema que requiere ser abordado de manera integral.
Pero diez años después de haber demostrado su incompatibilidad con la realidad social dominicana, lo racional es revisar una legislación desproporcionada y disfuncional.
Ya que por el camino que vamos, Centroamérica y sus maras nos quedarán chiquitos…
¡Y entonces nos faltará tiempo para lamentar los errores!
Oscar Medina

Por Domingo.com/la Revista

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