Juan Pablo Duarte, Cádiz
Juan Pablo Duarte, Cádiz (Photo credit: Wikipedia)

LOS CONFLICTOS CON HAITÍ

JUAN BOSCH

Hoy se le llama a Cuba la “Perla de las Antillas”; ese sobrenombre, sin embargo, había sido originalmente dado a la isla Española, antigua Santo Domingo o Saint-Domingue.

En realidad, la altura de sus montañas, la densidad y la riqueza de sus bosques, la abundancia de aguas, la extensión, el número y la asombrosa fertilidad de sus valles justificaba que se le llamara así. Fue un hecho político lo que la degradó a los ojos de los viajeros y los estudiosos; y ese hecho político consistió en la división de la isla en dos países de historia, lengua y origen diferentes: Haití y la República Dominicana.

Cuando la isla quedó dividida, dejó de llamarse la “Perla de las Antillas”.

La presencia de Haití en la parte occidental de la isla Española equivalió a una amputación del porvenir dominicano. Lo que era el porvenir visto desde mediados del siglo XVI es, en la segunda mitad del siglo XX, un pasado de más de trescientos años. Así, los dominicanos no podemos escribir nuestra historia ignorando ese pasado, pues todo el curso de la vida de nuestro pueblo en las tres últimas centurias ha sido configurado por ese hecho: la existencia de Haití al lado nuestro, en una isla relativamente pequeña.

La existencia del Pueblo dominicano fue el resultado de la expansión española hacia el oeste; la de Haití, el resultado de las luchas de Francia, Inglaterra y Holanda contra el imperio español. De manera que al cabo de los siglos, los dominicanos somos un pueblo amputado a causa de las rivalidades europeas. Nuestra amputación no se refiere al punto concreto de que una parte de la tierra que fue nuestra sea ahora el solar de otro pueblo; es algo más sutil y más profundo, que afecta de manera consciente o inconsciente toda la vida nacional dominicana. Los dominicanos sabemos que a causa de que Haití está ahí, en la misma isla, no podremos desarrollar nunca nues-

tras facultades a plena capacidad; sabemos que un día u otro, de manera inevitable, Haití irá a dar a un nivel al cual viene arrastrándonos desde que hizo su revolución. En aquellos años finales del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX, nadie quiso invertir un peso en desarrollar, por ejemplo, la industria azucarera dominicana, por miedo a las invasiones de Haití. El azúcar y el café de Haití habían dejado de fluir a los mercados de Europa y de los Estados Unidos, y aunque ninguna tierra era más apropiada para producirlos que la de Santo Domingo, los capitales para suplir la producción haitiana prefirieron ir a Cuba. El desarrollo de Cuba comenzó entonces; en cambio, el de nuestro país se estancó, primero, y descendió luego, pues la gente más capaz y más acomodada económicamente abandonó la parte española de la isla por miedo a la revolución haitiana.

La isla Española tenía frente a su costa nordoccidental una pequeña isla adyacente, La Tortuga; el Gobierno colonial español abandonó La Tortuga porque le era costoso en hombres y en dinero defenderla de incursiones inglesas y francesas, y así fue como La Tortuga pasó a manos de piratas franceses y más tarde a manos del Gobierno francés. Desde La Tortuga,poco a poco, los blancos franceses fueron acomodándose en los pequeños valles fértiles de la parte norte del oeste de la Española; fueron llevando esclavos y organizando plantaciones de caña y de índigo, de manera que cuando España vino a darse cuenta, ya había en su colonia una población de franceses que se consideraban por derecho de conquista colonosfranceses, parte del imperio colonial de Francia, sin deber de obediencia al Gobierno español. Al principio, esa colonia francesa de facto se llamaba Saint-Domingue; después pasó a llamarse Haití. Al principio, España la dejó estabilizarse por indolencia; después, tuvo que reconocer su existencia, y al cabo, en el siglo XVIII, debilitada por su continuo guerrear en Europa, España admitió que Haití era de derecho colonia de un poder extranjero.

He contado con ciertos detalles lo que pasó en la colonia de Haití cuando los esclavos se rebelaron contra sus amos a consecuencia de la agitación que produjo en la colonia la Revolución Francesa; lo hice en mi libro Trujillo: causas de una tiranía sin ejemplo. No voy, pues, a repetirme; pero sucintamente explicaré que de esa rebelión surgió, al comenzar el siglo XIX, la República de Haití, y que ésta tenía ya dieciocho años de vida cuando los dominicanos se declararon independientes de España y protegidos de Colombia.

Menos de dos meses después de esa acción política dominicana, los ejércitos de Haití cruzaron la frontera y extendieron su gobierno a toda la isla. Así se explica por qué la República Dominicana, establecida en 1844, surgió en guerra contra Haití y no contra España, que había sido su metrópoli original.

Esa guerra, que en la historia dominicana se conoce con el nombre de “guerra de independencia” —aunque en los días en que se llevaba a cabo se llamaba, con mayor propidad, “de separación”— fue la culminación de una lucha larga, que se había iniciado desde el siglo XVII, que se mantuvo prácticamente todo el siglo XVIII, y que tuvo a principios del siglo XIX páginas sombrías con las invasiones de Toussaint, de Dessalines y de Cristóbal. Los dominicanos, pues, formaron su sentimiento nacional peleando, primero contra los franceses de la región occidental, y después contra sus herederos, los haitianos.

Me veo en el caso de repetir ahora lo que dije en mi libro sobre Trujillo acerca de la revolución haitiana: ha sido la única revolución en la historia moderna que fue a la vez guerra de independencia —de colonia contra metrópoli—, guerra social —de esclavos contra amos— y guerra racial —de negros contra blancos—. La violencia de esas tres guerras en una resultó devastadora; en términos absolutos, no relativos, los antiguos esclavos destruyeron toda la riqueza acumulada en Haití durante la colonia, y esa riqueza era mucha. Sin embargo —y esto no lo dije en aquel libro porque estaba haciendo el análisis de un problema dominicano, no haitiano— sucede que en cierta medida, el aspecto destructor de la revolución haitiana ha sido continuo; de hecho, Haití ha seguido, a lo largo de su vida independiente, en guerra constante contra todo núcleo humano y social que pudiera convertirse, por cualquier vía, en sustituto de los colonos franceses.

Esa especie de guerra social perpetua, que en su origen fue de negros contra blancos —debido a que los negros eran los esclavos y los blancos los amos—, derivó después hacia la matanza de los mulatos y se ha conservado como lucha sin cuartel de los negros contra los mulatos. Las carnicerías de los tiempos de Soulouque, en que los mulatos eran las víctimas, encogen el ánimo del que estudia la historia de Haití. Ahora bien, sucede que los mulatos eran los que —tal vez por ser hijos de blancos, y por tanto disponían de más medios— se preparaban para ser burócratas, comerciantes, profesionales; formaban élites que al principio no tenían sustancia económica pero que al final adquirían bienes, con lo cual amenazaban convertirse en minorías con poder económico. Al mismo tiempo que esas matanzas, con sus naturales consecuencias de inestabilidad política, retardaban el desarrollo del país, los gobernantes usaban el poder para hacer negocios, para enriquecerse y sacar dinero hacia Europa o —más recientemente— hacia Estados Unidos; de donde resultaba que se expoliaba a un pueblo pobre, se le robaba a la miseria. Y al tiempo que eso iba sucediendo década tras década, la población haitiana crecía, su tierra se erosionaba, los medios del Estado eran cada vez menos de los que se necesitaban para darle al Pueblo educación y salud. Fue así como de manera natural, como rueda una bola por un plano inclinado, Haití vino a caer bajo la tiranía de François Duvalier, quien tenía ya años gobernando cuando se estableció en la República Dominicana el régimen democrático que me tocó presidir.

Duvalier corresponde a un tipo psicológico que se halla en las sociedades primitivas; el hombre que a medida que va adquiriendo poder de cualquier clase va llenándose por dentro de una soberbia que lo transforma día a día físicamente, lo envara, le da insensiblemente la apariencia de un muñeco que se yergue y se yergue hasta que parece que va a caerse de espaldas o que va a volar; al mismo tiempo, los párpados bajan, la mirada se torna fría y adquiere un brillo como de hechicería, el rostro se inmoviliza gradualmente y la voz va haciéndose cada vez más imperativa y sin embargo más baja y escalofriante. En esos seres, la conciencia del poder se traduce en transformaciones físicas; crean en torno suyo una atmósfera que es como una emanación de brujos, y como sucede que a esos cambios van correspondiendo otros en el seno de su alma, mediante los cuales se hacen gradualmente insensibles a todo sentimiento humano hasta llegar a ser puros receptáculos de pasiones sin control, esos hombres acaban siendo peligrosos porque se niegan a aceptar que son simples seres humanos, mortales y falibles, y no delegados vivos de las oscuras fuerzas que gobiernan los mundos.

El que desee comprobar la verdad de lo que acabo de decir no tiene sino que tomar una fotografía  de François Duvalier hecha en 1955, por ejemplo, y otra hecha en 1964. Son dos hombres diferentes, versión haitiana de los dos Dorian Gray de Oscar Wilde.

En el lado sur de la frontera que divide a la República Dominicana de Haití se ven de tarde en tarde tipos a lo Duvalier; labriegos que eran gente corriente y moliente hasta la hora en que se sintieron poseídos por un poder que ellos llaman “religioso”, y empezaron a dictar recetas, a recomendar curaciones, a crear ritos propios, y con ello comenzaron a cambiar de aspecto hasta convertirse en estampas de caudillos de pueblos de la selva. Son locos con poderío, como en un nivel más alto lo fue Hitler.

Ignoro debido a qué, tan pronto resulté electo Presidente,  Duvalier resolvió matarme. Tal vez soñó conmigo e interpretó el sueño como una orden de quitarme la vida; quizá en un acceso de hechicería vudú uno de sus espíritus protectores le dijo que yo sería su enemigo. Es el caso que escogió un antiguo agente del espionaje de Trujillo, que había sido Cónsul de Haití en Camagüey —Cuba— y le encargó mi muerte. Durante toda la campaña política, yo no me había referido ni una sola vez a Duvalier. La Unión Cívica hizo varias declaraciones acerca de su tiranía, y si no recuerdo mal el doctor Fiallo se refirió también a él. Pero yo no lo hice porque no me parecía prudente meter en Santo Domingo problemas ajenos y además, porque si yo resultaba elegido Presidente de la República, no era cuerdo que llegara a esa posición comprometido en el orden internacional por declaraciones hechas al calor de la campaña política. Yo no me había ganado, pues, enemistad de Duvalier; era gratuita, aunque debe presumirse que de origen extrahumano. Por todo lo que he dicho acerca de la actitud del Pueblo dominicano en relación con la existencia de Haití, y por lo que he relatado brevemente sobre las largas hostilidades entre dominicanos y haitianos, debe presumirse cuál fue la reacción de los dominicanos cuando de buenas a primeras llegó a Santo Domingo, dada a través de una estación de radio, la noticia de que fuerzas policíacas de Duvalier habían asaltado el local de nuestra embajada en Puerto Príncipe, capital de Haití. En una hora, el Pueblo estaba agitado, los partidos políticos se reunían, las estaciones de radio lanzaban boletines al aire y al Palacio Nacional llegaban montones de telegramas denunciando la agresión.

Hacía algunas semanas que en Haití se producían actos de terrorismo contra el Gobierno de Duvalier; éste había solicitado el retiro de la misión militar norteamericana; altos jefes militares eran depuestos y encarcelados; un señor Barbot, que había sido el fundador de la milicia armada de Duvalier —los tonton macutes, asesinos tenebrosos— daba asaltos aquí y allá, en los alrededores de Puerto Príncipe; civiles y militares perseguidos se asilaban en las representaciones diplomáticas de la América Latina, y la dominicana tenía varios asilados.

Un día llegó a la embajada de nuestro país un teniente haitiano de apellido Benoit y pidió asilo, que se le concedió, desde luego; al día siguiente, los hombres de Barbot dispararon contra el automóvil de Duvalier, que llevaba a los hijos del dictador a la escuela. La respuesta de Duvalier fue instantánea: mandó asaltar la Embajada dominicana y al mismo tiempo sus matones entraron en la casa de la familia de Benoit,dieron muerte a todos los que había allí —incluyendo la madre de Benoit y una niña— y quemaron la vivienda. Duvalier, pues, había agredido a la República Dominicana en su representación diplomática.

Ese día era domingo, y si no recuerdo mal, estábamos a principios de mayo. De súbito comenzaron a llegar noticias que daban indicios de que Duvalier tenía un plan: familiares de Trujillo estaban arribando a Haití, guardias haitianos armados rodeaban la Embajada dominicana, los correos diplomáticos dominicanos habían sido detenidos antes de llegar a la frontera, el Cónsul nuestro en la villa fronteriza de Belladere, estaba preso.

En la noche hablé por radio y televisión y denuncié ante el Pueblo todos esos actos de locura que estaba realizando Duvalier, y mientras en la Cancillería se trabajaba redactando cables a Puerto Príncipe y a la OEA y notas para la prensa, yo elaboraba, después de haber hablado, un plan de acción que podía librar a haitianos y a dominicanos de los peligros que podía desatar sobre ambos países un gobernante que no estaba en sus cabales. El plan era simple y no costaría una gota de sangre: la República Dominicana movilizaría tropas y las concentraría en la frontera del sur, en el punto más cercano a la capital de Haití, y la movilización se haría en tal forma que diera la impresión indudable de que esas fuerzas iban a avanzar por Haití; una vez creado el clima adecuado, la aviación militar dominicana volaría sobre Puerto Príncipe y dejaría caer hojas sueltas en francés pidiendo al Pueblo de la capital vecina que evacuara los alrededores del Palacio Presidencial, porque los aviones dominicanos iban a bombardear en un plazo de horas. Yo estaba seguro de que, dado el estado de agitación que había en Haití y la preparación del ambiente que estábamos haciendo en Santo Domingo, Duvalier huiría sin que hubiera necesidad de disparar un tiro.

Pero este plan tenía un punto débil: yo no podía confiárselo a nadie, ni siquiera a los jefes militares que iban a participar en él. Si le decía a alguien que todos los movimientos dominicanos serían aparentes, que no íbamos a llegar a la guerra, no tardaría en saberse, y había que contar con la irresponsabilidad de la mayoría de los líderes de la llamada oposición; uno de ellos, tal vez dos, quizás tres, se plantarían, con toda seguridad, frente a un micrófono y me acusarían de comediante y denunciarían el plan. De hecho, en medio de la crisis, uno de esos líderes dijo que todo aquello lo había inventado yo porque quería figurar en la historia como el conquistador de Haití, valiente majadería, pues el día que los dominicanos hagan la conquista de Haití —si ello fuere posible alguna vez— lo que harían sería comprar a precio alto los problemas de Haití para sumarlos a los problemas dominicanos.

Los campesinos dominicanos dicen, cuando algo no está completamente terminado, que “falta el rabo por desollar”, con lo cual aluden al rabo del cerdo muerto, y en el caso de mi plan había un rabo por desollar: ¿qué podía suceder si el dictador haitiano no emprendía la fuga? No había sino una respuesta: las tropas dominicanas debían avanzar sobre Haití; pero avanzar poco, unos kilómetros, lo suficiente para dar la sensación de que iban a atacar de veras. Yo estaba seguro de que la población haitiana de la región fronteriza no haría resistencia; si se hacía indispensable, la aviación dispararía dos o tres bombas en sitios donde no causaran bajas.

En ese punto, ocurrió un misterio: los generales dominicanos llegaron a decirme que los camiones del ejército no tenían repuestos de llantas, que no estaban en condiciones de transportar las tropas. ¿Quién les había aconsejado que usaran esa coartada? Hasta la noche antes habían estado muy entusiasmados con la movilización, y de pronto, “los camiones militares no servían”.

El embajador Martin fue a verme, alarmado, y era la primera vez que le veía alarmado. La posibilidad de una guerra domínico-haitiana lo había inquietado, sin duda porque había inquietado al Departamento de Estado. En esos mismos momentos, Moscú, Pekín, La Habana y el MPD en Santo Domingo me acusaban de ser un muñeco en manos del  “imperialismo yanqui” para agredir a Haití. La situación era tristemente cómica, pues era precisamente el llamado “imperialismo yanqui” el que obstaculizaba la decisión dominicana de resolver el problema haitiano.

De pronto, unos días después, el embajador Martin me visitó en mi casa para decirme que su Gobierno esperaba en pocas horas la salida de Duvalier de Haití; me dijo que ya estaba en el aeropuerto de Puerto Príncipe un avión de la KLM en el cual Duvalier viajaría hasta Idlewild, de ahí a Amsterdam y de Ámsterdam a Argelia, donde Ben Bella le había ofrecido asilo. Le expresé mis dudas al embajador Martin.

“Duvalier no se va”, le dije; él me aseguró que sí. Durante el día me visitó otra vez, en la noche me telefoneó dos veces para mantenerme informado de lo que estaba sucediendo en Haití; por la mañana fue a verme a las cinco, convencido de que Duvalier se iría. En todos los casos le respondí lo mismo: “No se va”. Y no se fue.

Pocos días después, por un cubano exiliado me enteré de que en una zona militar, en el interior del país, oficiales dominicanos estaban entrenando haitianos. ¿Cómo era posible que estuviera haciéndose tal cosa sin mi conocimiento?

Llamé al Ministro de las Fuerzas Armadas, lo interrogué, me dijo que era verdad y le ordené disolver el campamento.

Una cosa era librarse de Duvalier en una coyuntura favorable, a la luz del sol, como debe operar siempre una democracia, y otra cosa era preparar fuerzas de haitianos para lanzarlos a una invasión; esto último era violar el principio de no intervención, lo cual podía quitarnos autoridad si en esa hora convulsa del Caribe algún Gobierno decidía hacer lo mismo con nosotros. A partir de ese momento, decidí esperar una oportunidad propicia para buscarle solución al problema que planteaba la presencia de Duvalier en el Gobierno de Haití.

Sin embargo, he aquí que un buen día, al leer la prensa en las primeras horas de la mañana me enteré de que el general León Cantave había invadido Haití por la costa norte.

El general Cantave había estado a verme para pedirme ayuda y yo le había respondido que el Gobierno dominicano no podía hacerlo. ¿De dónde salió la expedición de Cantave; quién la armó, quién la respaldó? Eso era un misterio que debía aclararse. Hice una reunión de jefes militares, les interrogué sobre todas las posibilidades que se me ocurrían; pedí detalles acerca de los tipos de armas que usó Cantave. Nadie sabía nada. De acuerdo con sus informes, Cantave no había salido de territorio dominicano, no había recibido la menor ayuda de las fuerzas armadas dominicanas, y en los depósitos dominicanos no había armas similares a las que había llevado Cantave a Haití.

Algo andaba mal. Si el general Cantave no había salido de Santo Domingo, había salido de alguna de las islas vecinas —Las Bahamas, de bandera inglesa—, y si había salido de esas islas, ¿quién lo ayudaba? Le hice la pregunta, de manera abierta, al embajador Martin. Me respondió que él no sabía, que su Gobierno no sabía, pero que algunos de sus ayudantes presumían que Cantave había contado con la ayuda de Venezuela. Eso me pareció imposible; primero, porque el presidente Betancourt tenía encima las guerrillas comunistas y no iba a autorizar, con esa acción, un acto parecido al de Fidel Castro contra su Gobierno; segundo, porque si Betancourt hubiera tenido que ver en la invasión de Cantave, me lo hubiera hecho saber. “¿Hay en la Florida algún lugar que se llame Venezuela?”, le pregunté riendo al embajador Martin. “No, no lo hay”, respondió él, riendo también.

Pocos días antes del golpe de Estado, quizá tres días antes, me hallaba en mi despacho del Palacio Presidencial cuando a eso de las seis de la mañana me dijo el jefe de los ayudantes militares que los haitianos estaban atacando Dajabón, villa dominicana en la frontera del norte. Efectivamente, en las calles de Dajabón caían balas que procedían del lado haitiano, de la Villa de Juana Méndez —Ouanaminthe, en el patois de Haití—, que queda frente a Dajabón, a menos, tal vez, de dos kilómetros. Cuando la situación se aclaró, unas horas después, se supo la verdad: el general Cantave había entrado en Haití de nuevo y había atacado la guarnición de Juana Méndez.

El combate fue bastante largo, con abundante fuego de fusilería y de ametralladoras. ¿De dónde había sacado Cantave, otra vez, armas y municiones?

Al día siguiente, con asombro de mi parte, vi en la prensa una foto de Cantave en un cuartel de Dajabón. Había cruzado la frontera, como la habían cruzado otros haitianos, algunos de ellos heridos; pero Cantave estaba vestido como quien iba a un baile de gala, no como quien llegaba de un combate; y eso indicaba que el general haitiano tenía ropa en Dajabón o en algún lugar cercano. Por primera vez, mis sospechas hallaban un hilo que podía seguirse hasta dar con el ovillo. Hice llamar al Ministro de Relaciones Exteriores y al de las Fuerzas Armadas. “Tenga la bondad de solicitar de la OEA que envíe una comisión para que pruebe sobre el terreno que la agresión a Haití no partió de la República Dominicana”, le dije al primero.

¿Tuvo esa decisión alguna parte en el golpe de Estado?

A menudo pienso que sí; pues si la OEA investigaba —y mi plan era que investigara a fondo— yo llegaría a saber qué mano oculta manejaba los hilos de una intriga que nos ponía en ridículo como Gobierno, que restaba autoridad al Presidente de la República, el responsable ante el país y ante los organismos internacionales de la política exterior dominicana, y que nos exponía a los dislates de un tirano que era capaz de todo.

Espero que algún día se aclarará el misterio en que están envueltos los repetidos y extraños incidentes domínico haitianos de 1963.

XVIII

EL PAPEL DE LA CORRUPCIÓN EN EL GOLPE

En los países de la América Latina, con muy pocas excepciones, gobernantes y gobernados ejercen la corrupción en la forma más natural, y la corrupción no se limita al robo de los fondos públicos sino que alcanza a otras manifestaciones de la vida en sociedad. Al tomar el poder en la República Dominicana, el régimen democrático tenía que esforzarse en moralizar el país o se exponía a que la inmoralidad acabara con la democracia.

A la semana de haber tomado posesión de sus cargos, los Ministros de Finanzas y de Obras Públicas sabían, más o menos, cómo estaba organizado el robo en sus departamentos; se pusieron de acuerdo con el Ministro de las Fuerzas Armadas y éste seleccionó unos cuantos estudiantes de la escuela militar que debían reunir ciertas condiciones, y con ese grupo, los dos Ministros planearon la primera batida importante contra el robo de dinero del Pueblo.

En el país funcionaba un llamado plan de emergencia; éste consistía en emplear algunos miles de hombres para que hicieran trabajo de limpieza en las cunetas de las carreteras. La erogación alcanzaba a un millón doscientos cincuenta mil pesos cada mes, esto es, quince millones al año, y por cierto, esa suma no figuraba en el presupuesto, de manera que había que sacarla de dónde apareciera. (Este dato puede dar idea de la forma en que se elaboraba y funcionaba el presupuesto nacional. El de 1963 había sido aprobado tres meses antes por el Gobierno del Consejo de Estado). El plan de emergencia se pagaba quincenalmente, o debía pagarse quincenalente, porque cuando el Gobierno democrático tomó el poder había un atraso de cuarenta y cinco días y además se debían dos meses del año anterior; el sistema de pagos era a base de: a cada trabajador se le daba una tarjeta en que constaba cuántos días había trabajado, y desde la Capital se enviaba el dinero para rescatar las tarjetas. Como el país estaba dividido en varios distritos de obras públicas, los pagos se hacían en la sedes de los distritos.

Si el sistema se seguía correctamente, no había ocasión para el robo, pues debía pagársele a cada trabajador y ninguno de ellos se dejaría robar tranquilamente; pero alguien halló la manera de organizar el saqueo: que no se pagara con puntualidad. Si el pago se retardaba una semana, diez días o quince días, los trabajadores cambiarían las tarjetas por comida en los comercios del lugar, o las venderían con un descuento, y podía lograrse —lo que se obtuvo— que un solo comerciante, dos a lo sumo, centralizara las operaciones en cada una de las sedes de los distritos; después de eso, el comerciante recibía una cantidad adicional de las tarjetas y repartía la suma con la persona que se las daba.

En el primer pago del plan de emergencia hecho bajo el nuevo Gobierno, el dinero fue llevado por jóvenes desconocidos que habían cambiado por uno o dos días su ropa militar por ropa civil, y esos jóvenes exigieron que cada trabajador presentara su tarjeta para recibir el dinero que le correspondía. Cuando se les explicó a los jóvenes que eso no era posible, que los trabajadores cambiaban las tarjetas en casas de comercio, se presentaron en esas casas de comercio con las listas de los trabajadores y comprobaron fácilmente el fraude. Al volver a la Capital, sobraban más de ciento cincuenta mil pesos, lo que indicaba que en ese solo renglón, el robo se acercaba a los cuatro millones de pesos al año, es decir, más del dos por ciento del presupuesto total de la nación.

La batida contra el robo fue de tal naturaleza, en todos los frentes donde podía haber fraude, que al terminar el primer mes de Gobierno podíamos estimar que al cerrarse el año fiscal, nueve meses después, tendríamos una economía de diez millones de pesos. Pero eso no significaba que hubiéramos acabado con el mal. Según nuestros cálculos, los robos en el campo fiscal solamente sobrepasaban los veinticinco millones y podían acercarse a treinta millones, es decir, casi el veinte por ciento del presupuesto total, y los que tenían lugar en dependencias autónomas, en fincas y propiedades y en empresas del Estado, eran incalculables; tampoco podían calcularse las sumas que dejaban de entrar en el fisco por contrabando, cobros amañados de los diferentes impuestos y exenciones contributivas caprichosas. Pero no era posible hacerlo todo a la vez. Al Ministerio de Propiedades Públicas fue un comerciante del mediano comercio importador, que en siete meses recuperó para el Estado automóviles, muebles, solares, reses, reajustó los alquileres de las casas nacionales, cobró las acreencias atrasadas; a la Corporación de Fomento, que administraba la mayor cantidad de las empresas del Estado, fue un director de mentalidad parecida y se nombraron nuevos administradores en todas las empresas; de manera que cuando el Gobierno fue derrocado el 25 de septiembre de 1963, sólo nos faltaba reorganizar la industria azucarera estatal y eliminar el fraude en las compras que hacía el Estado.

Este fraude era el más generalizado. Cuando Trujillo alcanzó el poder, en 1930, el país tenía una Dirección General de Suministros del Estado y las compras se hacían por subasta pública; cuando murió el dictador, cada Ministerio compraba  lo que le hacía falta, cada departamento pedía al comercio lo que necesitaba, y como se hizo común y corriente que los comerciantes del país y sus agentes del exterior dieran el diez y el quince por ciento, en efectivo, del total de la compra al encargado de hacerla, el Gobierno democrático se encontró  con un hábito de comisiones que había llegado a extremos  escandalosos; a menudo, un departamento compraba cosas   que no necesitaba sólo para que hubiera comisión, otro se hacía subir expresamente el precio de los artículos para que la comisión subiera, otro se las ingeniaba para echar a perder equipo nuevo a fin de justificar una compra que a su vez permitiera cobrar comisión.

Es difícil imaginarse a qué suma alcanzaba el fraude de las comisiones, porque éstas se estilaban en todo: los contratistas de obras públicas tenían que dar comisión a un intermediario, el cual a su vez pagaba comisión a un jefe, y los subcontratistas la pagaban a los contratistas, y la cadena llegaba ya a los más modestos funcionarios públicos, que tenían que dar dinero para conseguir empleo, y hasta a los escribientes de oficinas donde se expedían cheques, que cobraban por entregarlos.

Ese ambiente de corrupción era el caldo en que prosperaba una parte de la clase media dominicana, la porción de clase media que no se había preparado para obtener beneficios mediante la capacidad, en competencia honesta y abierta, y se las arreglaba para obtenerlos mediante el fraude, el negocio en la sombra, el favor del gobernante. Ahí estaba la clave de que la clase media dominicana —como ha sucedido con tantas otras en toda la América Latina en diferentes ocasiones— fuera tan indiferente en la defensa del régimen democrático, pues en el régimen democrático siempre se está expuesto a que alguien, en un mitin, en la radio, en un periódico, denuncie cualquiera de esos negocios turbios; y aunque a menudo el ambiente de corrupción es usado por los políticos sin escrúpulos para acusar a todo el mundo de todas las infamias, lo cierto y verdadero es que la amenaza de que una de esas denuncias sea legítima asusta a los que viven del fraude, y su miedo acaba convirtiéndose en deseo de que desaparezca el sistema de gobierno que permite las denuncias públicas. Por otro lado, la corrupción tiene consecuencias malas en un campo distinto: mata la fe de los que desearían tener fe en la democracia, especialmente entre los jóvenes; y esto es mucho más cierto en la América Latina, donde tal vez por esa misma tradición de fraude o por la necesidad de compensación para establecer el equilibrio que demanda la vida, la juventud tiene una necesidad vehemente de que la moralidad pública gobierne los actos de los que están en el poder.

Yo sabía, por denuncias privadas, que en los institutos armados —ejército, aviación, marina y policía— el cobro de comisión era un hábito; sabía también que los jefes acostumbraban nombrar intendentes que debían compartir con ellos las comisiones, y que cada cierto tiempo, cuando se consideraba que ya el intendente había percibido una cantidad de dinero suficiente, se nombraba uno nuevo para que se “acomodara”. Esa especie de institucionalización del robo llegó a tal punto, que en la madrugada del 25 de septiembre, antes aún de firmar la proclama del golpe de Estado, los militares golpistas discutieron la materia de las comisiones y resolvieron nombrar intendentes nuevos cada seis meses; y ahí mismo se acordó en qué orden de tiempo iban algunos de los firmantes de la proclama a ser nombrados intendentes. Con la autorización para cobrar comisiones se pagaba el asesinato de la democracia.

Un día llamé a los jefes militares y les dije que el cobro de comisiones debía terminar. Les expliqué que la democracia dominicana era observada atentamente en toda América, y que no podíamos permitir que se deshonrara; que la falta de   honestidad deshonraba la democracia no sólo porque el fraude es un delito en sí mismo, sino también porque sacaban fondos del Pueblo, que debían estar destinados a obras y servicios públicos, para llevarlos a bolsillos privados; les expliqué que según mis informes, la mayor cantidad de ese dinero sustraído al Pueblo era cambiado en dólares y enviado al extranjero, donde se colocaba en cuentas personales pero iba a dar, aunque figurara en el papel como dinero reservado a Fulano de Tal, a empresas, comercios e industrias extranjeros, porque los bancos usaban el dinero que recibían en depósitos para financiar negocios, de donde resultaba que el dinero dominicano que se le quitaba al Estado dominicano daba en fin de cuentas beneficios a otros países y no al nuestro; les dije que la República Dominicana era un país rico y que si nosotros nos sosteníamos dos años —nada más que dos años— con un régimen de austeridad, y si establecíamos como hábito la honestidad en la administración de los fondos públicos, el desarrollo del país iba a ser de tal naturaleza que la riqueza alcanzaría para todos.

Yo sabía que entre los jefes militares había uno que no estaba recibiendo beneficios del robo organizado, pero sabía también que los intendentes de su departamento hacían lo mismo que todos los intendentes de los institutos armados.

De todos ellos, el que me oyó con más atención fue el jefe de la policía, y éste, al día siguiente, pidió verme para hablarme del asunto. “Presidente —me dijo—, he dado órdenes de que las comisiones se rebajen al cinco por ciento, porque rebajarlas de golpe a nada es casi imposible. El mes que viene ordenaré que no se cobren más. Pero quiero preguntarle algo: ¿qué hacemos si los comerciantes insisten en dar la comisión?”.  “Pedirles que la rebajen en el precio, porque los comerciantes no dan esa comisión de sus beneficios; lo que hacen es que la suman al precio”, dije. Y cuento este detalle para que  se aprecie con qué naturalidad el encargado de perseguir los  robos tomaba como cosa normal el hábito de las comisiones.

Una semana después llamé de nuevo a los jefes militares para saber si se estaba cumpliendo lo ordenado. Según ellos, no había cobro de comisiones en las fuerzas armadas; ese hábito se había eliminado. Entonces saqué de mi escritorio un recibo de un oficial extendido a una fábrica de baterías del Estado en el cual constaba la cantidad de dinero que había recibido, y explicaba el concepto: quince por ciento de comisión por compra de baterías para automóviles y camiones de la aviación. El Ministro de las Fuerzas Armadas se fue con el recibo y nunca más, a partir de ese día, volvió ninguna dependencia de su Ministerio, ni aun de la policía, a comprar una batería en esa fábrica; en lo sucesivo, las compras se hacían a comerciantes que pagaban las comisiones en efectivo y no dejaban pruebas de la operación.

La batalla por la decencia pública tenía que ser permanente y dura. La corrupción tomaba muchas formas, y el nepotismo era una de ellas. El país había heredado de la tiranía la costumbre de que familias enteras, incluyendo miembros colaterales, ocuparan los puestos públicos en los departamentos donde uno de ellos alcanzaba a ser jefe. El dispendio era escandaloso. Al tomar el poder, encontramos almacén de whisky, vinos y otros licores en el Palacio Nacional. Los autos con placas oficiales pululaban por donde quiera. Yo no usé auto del Estado ni placa oficial mientras fui Presidente, porque debía dar ejemplo de sencillez y austeridad, y en el Palacio Nacional sólo se brindaba café y agua de coco.

La República Dominicana era un país pobre y debía sobrellevar su pobreza con dignidad, sin avergonzarse de ella y sin aumentarla por exhibir lujos que no podía darse. Cuando mi mujer hizo un    viaje a los Estados Unidos para atender a nuestro hijo, que había sido sometido a una operación, ordené en el aeropuerto que los inspectores de aduanas revisaran su equipaje y que se le aplicaran los impuestos de importación a todo lo nuevo que llevara; y así como actuaba yo, actuaban todos los Ministros y todos los altos funcionarios.

Para eliminar la venta de permisos de importación, con lo que se encarecían los artículos importados, se eliminó el control y se estableció libertad completa de importaciones; se eliminaron, por ley, los agentes de la lotería, que recibían los billetes del Estado y los vendían con sobreprecio a los detallistas; se estaban haciendo los estudios para mecanizar toda la contabilidad del Estado, a fin de impedir los fraudes en los cálculos de impuestos, y en el momento del golpe estaba en vías de organización una comisión de compras que hubiera hecho imposible el cobro de comisiones.

Con sólo evitar los robos de los fondos ya recaudados y evitar la fuga de impuestos antes del cobro, el país hubiera podido hacer frente a sus gastos sin necesidad de aumentar impuestos, y hubiera podido destinar una parte importante de esos gastos a inversiones reproductivas y a obras de infraestructura. Y era problema de vida o muerte hacer lo último, pues la República Dominicana no tenía invertido en infraestructura ni la quinta parte de lo que debía tener. Puerto Rico, con un millón menos de habitantes y con la sexta parte de nuestro territorio, tenía en caminos, acueductos, escuelas, hospitales, puertos, aeropuertos, plantas eléctricas, puentes y otras obras no menos de dos mil millones de dólares; la inversión total dominicana en esas obras quizá no llegaba a los quinientos millones.

Durante años y años, la corrupción había sido rampante, descarada y organizada desde lo más alto del poder público; no iba a ser fácil, pues, acabar con ella. Pero por lo menos se sabía ya que en las alturas del poder público no se apoyaba la corrupción, sino que se perseguía, y poco a poco podría crearse el hábito de respetar los bienes del Pueblo. Pero la tarea era dura porque los beneficiados con la inmoralidad defendían su derecho a ejecutarla con más vehemencia que la que podían haber usado en defender derechos legítimos. Para esa gente, el que cometía delito era el Gobierno; cometía el imperdonable delito de ejercer y reclamar honestidad.

En la medida en que el Gobierno avanzaba en ese camino, la oposición se llenaba de santa cólera. Un comentarista de radio* —hay que llamarlo así, aunque no es comentarista el que se dedica a vociferar por la radio insultos, mentiras y vulgaridades— que había sido director del periódico del Gobierno bajo el Consejo de Estado, había hecho mal uso de fondos de la empresa y se le acusó ante los tribunales; pero cuando se le fue a detener con una orden judicial, líderes de la oposición —entre ellos el que había sido candidato presidencial de la UCN, el doctor Fiallo— rodearon al acusado, en un estudio de televisión que estaba transmitiendo —de manera que todos los televidentes que tenían puesta esa estación vieron el triste espectáculo—, y gritaron que allí estaba asesinándose la libertad de expresión, que ellos iban a dar sus vidas para salvarla; algunos reclamaron a voces que los militares derrocaran el Gobierno y hasta hubo quien solicitara que los matadores de Trujillo repitieran su acto heroico del 30 de mayo de 1961.

La intensidad de la corrupción puede medirse por ese episodio: los más altos líderes de la oposición se negaban a que la justicia actuara en un caso vulgar y corriente de abuso de confianza con dinero público. El caso era, en verdad, deprimente, pues en pocos países del mundo dos ex candidatos presidenciales podían reunirse para dar un espectáculo parecido. Como debía suceder, esos dos ex candidatos presidenciales Se trataba de Rafael Bonilla Aybar, alias Bonillita (N. del E.). firmaron el acta notarial que formó el gobierno golpista, y en una memorable fotografía tomada el 25 de septiembre aparecen esos líderes junto con los oficiales que unas horas antes habían acordado “organizar” la secuencia de las intendencias militares.

Y he dicho “como debía suceder”, porque la conspiración golpista fue también un producto natural de la corrupción en que una parte de la clase media cultivaba sus derechos a los privilegios ilegítimos.

La conspiración contra un Gobierno constitucional elegido por mayorías abrumadoras, en elecciones que todo el mundo reputó impecables, era una forma de robo; pues se le robó al Pueblo lo que el Pueblo hizo, y se le robó la esperanza, y el robo se cometió con nocturnidad, alevosía, acechanza y uso de armas.

El golpe del 25 de septiembre de 1963 fue un asalto, con todos los agravantes, y los que lo indujeron y los que lo realizaron cometieron un delito mucho más serio que el que había cometió aquel desdichado comentarista que había mal dispuesto de unos cuantos pesos, si bien en los dos casos había un mismo origen: corrupción. En ambos casos se perseguía un fin: disponer de lo ajeno; y sucedía que en ambos hechos lo ajeno  era del Pueblo dominicano.

Unos días después del golpe de Estado que llevó a Batista al poder en Cuba en el año 1952, oí a un negro de Jamaica, chofer de auto público en La Habana, decir algo que me impresionó. “Batista ha hecho esto porque es un hombre que no sabe perder, y el que no sabe perder no puede ser un buen ciudadano”. Yo me quedé pensando que el que no sabe perder no sabe tampoco ganar, y pretende ganar a la mala, arrebatándoles a otros lo que tienen. En pueblos de escaso desarrollo, donde los conceptos no se forman sobre bases seguras, se enseña el deporte para producir el puro desarrollo muscular y no se les da a los jóvenes deportistas de las escuelas la filosofía del deporte y su intención humana, que no es hacer hombres musculosos para que exhiban los bíceps en la playa o en fotos de concurso; es, también y sobre todo, formar mentalidad de equipo, carácter sobrio, enseñar a ganar un trofeo sin que produzca soberbia y perder un desafío sin que produzca humillación.

La corrupción tiene mil formas en nuestros países, y resulta que la corrupción corrompe, pues el ejemplo de actos ilícitos que no son penados y la exhibición de las ventajas que se compran con el producto del robo, van extendiendo la corrupción en diversos niveles. En el origen de las tiranías latinoamericanas está siempre el robo; robo ya hecho que se quiere defender o robo que va a hacerse; mantenimiento de privilegios obtenidos de mala manera por grupos sociales determinados y también avidez de robo por parte del que desea ser dictador. Y detrás de los robos llega el crimen, porque se hace necesario ocultar el robo y por tanto hay que suprimir las libertades públicas, y para suprimir las libertades públicas es forzoso establecer el terror, y el terror se establece matando.

Aunque hubo numerosas causas, todas coincidentes, para el golpe militar dominicano de 1963, la que lo determinó fue la corrupción. En mi viaje a México, adonde iba como invitado del presidente López Mateos a la celebración del aniversario de la independencia mexicana, me acompañaron el Ministro de las Fuerzas Armadas y el jefe de la aviación militar. Este último me presentó en el viaje un proyecto suyo para comprar aviones de guerra ingleses por seis millones de dólares.

Yo tenía informes acerca de la negociación. El jefe de la aviación militar había mantenido en el hotel Embajador varias entrevistas con agentes extranjeros, y en esas entrevistas se bebía y se hablaba más de la cuenta. Sólo a un inconsciente se le podía ocurrir que un país en quiebra, con el Pueblo muriéndose de hambre, estaba en condiciones de gastar seis millones de dólares en aviones de guerra. Ese general sabía, como todos sus compañeros de las fuerzas armadas, cuál era la situación económica del Gobierno, pues a menudo yo mismo le hablaba de ella; sin embargo su inconsciencia era tan notable que sin haber hablado conmigo había seleccionado el grupo de pilotos que iban a llevar esos aviones desde Inglaterra, y los había puesto a recibir lecciones de inglés.

La Comisión habitual de los compradores en las fuerzas armadas era de diez por ciento, aunque hubo casos, como el de la compra de baterías, en que se llegó al quince por ciento.

En las conversaciones del hotel Embajador el tanto por ciento se había fijado en veinte, es decir, en un millón doscientos mil  dólares. La tajada era demasiado grande, y valía la pena derrocar un Gobierno cuyo Presidente no estaba dispuesto a permitir que un millón doscientos mil dólares del Pueblo dominicano fueran a parar a una cuenta de ahorro de un banco de Miami o de Puerto Rico.

Yo retorné de México el día 19 de septiembre; el 23 se decidió el golpe; en la madrugada del 25, el golpe se había consumado.

Por Domingo.com/la Revista

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